El Convenio de Estocolmo amplía de 12 a 17 el listado de sustancias tóxicas a eliminar o restringir a escala global, pero abre la puerta al tráfico de

La tercera Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) ha decidido ampliar de doce a diecisiete el listado de sustancias tóxicas COP a eliminar o restringir a escala global, lo que supone un avance muy importante para la salud y el medio ambiente.

La Conferencia de las Partes, sin embargo, ha abierto la puerta al tráfico de residuos contaminados con COP, unas sustancias que no se degradan fácilmente en el medio ambiente y se acumulan en los seres vivos, ocasionando graves problemas de salud, especialmente a mujeres y niños. Los COP aparecen lejos de sus lugares de producción o uso por el aire y el agua, y sus riesgos para la salud y el medio ambiente tienen alcance mundial.

Estos son dos de los principales resultados adoptados durante la tercera reunión de la Partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), celebrada en Dakar (Senegal) entre el 30 de abril y el 4 de mayo.

El Convenio de Estocolomo (firmado en 2001) estableció un listado inicial de sustancias a eliminar o restringir a escala global al considerarlas muy graves para la salud y el medio ambiente, la llamada docena sucia: dioxinas, furanos, PCB, hexaclorobenceno, y los plaguicidas -DDT, aldrina, clordano, dieldrina, endrina, heptacloro, mirex y toxafeno-. Tras la reunión de Dakar, la lista se amplía a cinco sustancias más: pentabromdifenileter y hexabromobifenilo (retardantes de llama), clordecona lindano (plaguicida) y perfluorooctosulfonatos PFOS (surfactante y antiadherente).

Los países miembros del Convenio tienen la obligación de tomar medidas para eliminar o restringir el uso de estas diecisiete sustancias y de reducir las emisiones no intencionales. Además, la Conferencia de las Partes ha decidido poner en marcha un sistema de vigilancia mundial de los COP presentes en el aire y en la leche materna y sangre humana.

El uso de DDT para combatir la malaria en ciertos países se vislumbraba, justo antes de la Conferencia, como uno de los temas más problemáticos, sobre todo a raíz de una desafortunada nota de prensa de hace medio año de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fue ampliamente interpretada como un visto bueno al empleo de DDT. La declaración de la OMS, a principios de semana, cerró la falsa polémica y permitió que el debate se centrase en el uso de alternativas.

La delegación de la Confederación Internacional Sindical (CSI), presente en la reunión como observadora, manifestó su preocupación sobre diversas cuestiones, particularmente, en lo que respecta a la decisión de la gestión de residuos COP y en la propuesta de la Secretaría del Convenio de pasar a considerar confidencial la información sobre las alternativas a las sustancias, los métodos de gestión de residuos y los datos de producción y uso, entre otros, durante el proceso de evaluación del riesgo de las sustancias candidatas.

Cabe lamentar en ambos casos los resultados acordados, debidos en gran medida a la presión ejercida por la Unión Europea sobre los países en vías de desarrollo, puesto que suponen un retroceso real y no un avance en la consecución de los objetivos por los cuales se estableció la Convención, la reducción o eliminación de los COP.

Dolores Romano, coordinadora del Área de Riesgo Químico de ISTAS/ CCOO y asistente al encuentro en representación de los sindicatos, declaró: “Los elevados niveles de COP que proponen permitir en los residuos permitirán el tráfico legal de residuos contaminados con estas sustancias tan tóxicas desde la Unión Europea y otros países desarrollados hacia los países más pobres. Además, expondrá a los trabajadores que gestionan o reciclan esos residuos, sobre todo en países en desarrollo, a niveles muy elevados de COP, poniendo en grave riesgo su salud y la de sus hijos”.

Durante la reunión, en un acto paralelo sindical organizado por la Fundación Internacional Sustainlabour, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) presentó la base de datos Risctox , la primera de acceso público y gratuito con información en español sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente de 30.000 sustancias químicas. En el mismo acto, la propia fundación Sustainlabour presentó una página web en inglés, francés y español sobre los Compuestos Orgánicos Persistentes dirigida a facilitar a los trabajadores la identificación y eliminación de estos contaminantes tan preocupantes. Víctor Escobar, del Ministerio del Medio Ambiente, que encabezaba la delegación española en la Conferencia, presentó el proceso de elaboración del Plan Nacional de Aplicación del Convenio COP de España, considerado un modelo para el resto de países por la participación de todos los agentes implicados y el grado de consenso alcanzado.

Texto extraido de: http://www.noticias.info/Archivo/2007/200705/20070508/20070508_283289.shtm

Greenpeace denuncia que la Junta de Andalucía quiere legalizar el hotel de El Algarrobico

La organización ha pedido al Presidente Chaves que impida la legalización y demuela el hotel antes de las elecciones andaluzas y generales

España — Greenpeace ha remitido hoy una carta al Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, expresando su más profunda decepción ante las intenciones de la Administración andaluza de legalizar el hotel que la empresa Azata construyó ilegalmente en la playa de El Algarrobico mediante la aprobación de un nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería).
El nuevo texto que pretende aprobar la Consejería de Medio Ambiente transforma la parcela donde se ubica el hotel de “área natural de interés general” (según consta en el PORN aprobado en 1994 y donde no está permitida ningún tipo de construcción) a “núcleo habitado existente”, legalizando así el famoso hotel ilegal, símbolo de la destrucción practicada en el litoral andaluz.

Los planes de la Junta de Andalucía no sólo incluyen legalizar el hotel convertido en símbolo de la destrucción de las costas. La aprobación del nuevo texto supondría la urbanización de otras 200 hectáreas dentro del parque natural en núcleos como La Isleta del Moro, Agua Amarga, Rodalquilar o San José.

Ante estos hechos, Greenpeace ha recordado al Presidente Chaves que en reiteradas ocasiones él mismo ha afirmado que se iba a demoler el hotel, declaraciones recogidas por muchos medios de comunicación. El Director de Greenpeace, Juan López de Uralde, con quien Chaves se comprometió verbalmente a “hacer todo lo posible para demoler el hotel” el pasado mes de julio, ha pedido al jefe del Ejecutivo andaluz que tire el hotel antes de las elecciones andaluzas del próximo 9 de marzo.

“La Junta de Andalucía está intentando engañar a todos los ciudadanos diciendo una cosa y haciendo otra. El cambio de clasificación de los terrenos del Algarrobico terminará en la legalización del hotel a pesar de las declaraciones de Fuensanta Coves en sentido contrario” ha declarado María José Caballero, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace. “El Presidente Chaves todavía está a tiempo de rectificar y anunciar la demolición del hotel antes de las elecciones si no quiere perder toda su credibilidad política” añadió Caballero.

Greenpeace ha recordado al Presidente de la Junta que presentó hace más de un año alegaciones al texto del nuevo PORN y que éstas no obtuvieron ninguna respuesta. Entre otros aspectos destacaban: la vulneración de los artículos 24 y 45 de la Constitución Española por la falta de legalidad y oportunidad jurídica y porque el texto propuesto no cumple con el fin de defender y restaurar el medio ambiente y proteger los recursos naturales. Igualmente el nuevo PORN vulnera la Directiva europea 92/43/CEE de Hábitats al no haberse sometido al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. El nuevo documento tampoco tiene en cuenta las recomendaciones y especificaciones que establece la Ley 28/1988 de Costas y además, es contradictorio e inoperante al prever la urbanización de 200 hectáreas consolidando un desarrollo urbanístico desmesurado e incompatible con la declaración del Cabo de Gata como Parque Natural, Reserva de la Biosfera, Zona Ramsar, Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

— Greenpeace

Texto Extraido de: http://www.noticias.info/asp/aspcomunicados.asp?nid=337486